CAO denuncia varios avasallamientos y matanza de 130 reses en Guarayos

La entidad empresarial exigió al Estado frenar la violencia en el campo y aplicar la ley ante grupos armados que invaden propiedades, roban y asesinan ganado en distintas zonas del departamento.

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, denunció este lunes una escalada de violencia por los avasallamientos de tierras en Santa Cruz y responsabilizó al Estado por la falta de acción frente a grupos armados que, según dijo, atacan propiedades productivas, secuestran personas y matan animales.

Durante una conferencia de prensa, Frerking relató los recientes hechos ocurridos en Patujú, en el municipio de Montero, y en la propiedad Río Negro, en la provincia Guarayos, donde los invasores irrumpieron con armas y provocaron destrozos. “Han entrado a robar, a secuestrar y a matar animales. El día de ayer asesinaron 130 cabezas de ganado. Eso es un delito penal. La Policía y el Ministerio Público tienen que actuar. No puede haber impunidad”, reclamó.

El dirigente subrayó que las tierras “son de todos los bolivianos” y que el respeto al derecho propietario es fundamental para la estabilidad productiva. “Aquí la ley tiene que ser medida con la misma vara. No importa si son interculturales o no. Todos somos iguales ante la ley”, expresó, recordando que incluso periodistas fueron agredidos por los avasalladores mientras cumplían su labor informativa.

Frerking advirtió que los productores viven “con miedo y bajo amenaza constante”, lo que afecta la actividad agropecuaria y el abastecimiento nacional de alimentos. “Ya no tenemos dólares, no tenemos diésel, nos avasallan, nos cortan las exportaciones de un plumazo. ¿Qué más queremos? Queremos una Bolivia que nos deje trabajar y generar empleo”, sostuvo.

El presidente de la CAO informó que el sector tiene registrados más de 50 casos de avasallamientos activos en distintas zonas de Santa Cruz, algunos con sentencias judiciales firmes que no se cumplen. Pidió al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y al Gobierno garantizar el derecho propietario y restablecer la seguridad jurídica.

“Necesitamos vivir en paz, trabajar con tranquilidad y que se respete la ley. Lo que está ocurriendo es delincuencia, y el Estado es responsable de ponerle fin”, concluyó Frerking.

FUENTE: EL DEBER