Crece el tráfico ilegal de Palo Santo en el Chaco sin denuncias ni control efectivo

La extracción y el tráfico ilegal de Palo Santo en el Chaco tarijeño se intensifican mientras persiste el silencio ciudadano y la debilidad institucional para enfrentar este delito ambiental. Pese a que se han decomisado cargamentos que se trasladaban sin autorización, las autoridades lamentan que no se hayan recibido denuncias formales.

Durante una entrevista en el programa radial “Tardes en Línea” de Radio Activa 95.3 FM, representantes de la Administración de Bosques y Tierras (ABT) y de la Policía Forestal y Medioambiental (POFOMA) confirmaron que los operativos recientes revelan una preocupante actividad irregular. “Hemos interceptado madera de Palo Santo rumbo a Santa Cruz sin documentación. Lo más preocupante es que nadie lo reportó”, expresó el ingeniero Reynaldo Cruz, técnico de la ABT en Yacuiba.

De acuerdo con datos de la ABT, entre 2020 y 2024 solo se autorizaron dos planes de aprovechamiento legal, ambos con volúmenes reducidos y destinados al mercado nacional. Sin embargo, hay sospechas de una red ilegal más amplia, con posibles envíos hacia Asia e ingresos desde Argentina, donde los controles serían más laxos. “Una de las cargas incautadas ni siquiera era boliviana, posiblemente vino desde Argentina”, agregó Cruz.

Desde Tarija, también se alertó sobre saqueos en zonas como Crevaux y D'Orbigny, aunque hasta el momento no se han presentado denuncias oficiales ni solicitudes de información a las instituciones ambientales.

Por su parte, el suboficial Severo Mamani, director regional de POFOMA, reconoció que a pesar de las intervenciones, enfrentan serias limitaciones. “Solo somos tres funcionarios en toda la provincia del Gran Chaco. Sin vehículos ni recursos adecuados, es muy difícil frenar la tala ilegal”, denunció.

El Palo Santo, una especie protegida por la Ley 373, sigue siendo extraído de los bosques chaqueños sin control visible. La situación refleja un panorama alarmante, marcado por la falta de coordinación, la desinformación y la posible complicidad en un delito que amenaza la biodiversidad de la región.