Diputados de Salta exigen solución diplomática por vertidos cloacales desde Bolivia que afectan a Salvador Mazza

La Cámara de Diputados de la provincia argentina de Salta aprobó un proyecto que insta al Poder Ejecutivo provincial a gestionar, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, una solución diplomática a la “problemática ambiental crítica” causada por vertidos cloacales provenientes de San José de Pocitos y Yacuiba (Bolivia), que cruzan la frontera y afectan al municipio de Profesor Salvador Mazza, en el departamento General San Martín.

El diario argentino El Tribuno informó que la situación ha sido denunciada desde hace varios años: aguas residuales sin tratamiento son descargadas directamente en la Quebrada de Galarza, cruzando hacia territorio argentino y contaminando tanto aguas superficiales como subterráneas.

Uno de los impulsores del proyecto, el diputado Edgar Gonzalo Domínguez, relató que durante una visita a la Escuela de la Bendición comprobó personalmente la gravedad de la situación. “Pasábamos por la quebrada y vimos toda la materia fecal, así, crudo. Esto es un problema de hace muchos años y nadie hacía nada”, declaró.

Según Domínguez, un informe ambiental presentado al Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable confirma que el agua está en “muy mal estado” y que incluso presenta espuma al salir de los pozos. Advirtió que pequeños productores de la zona crían animales que beben de estas aguas, lo que representa un riesgo sanitario directo.

El legislador atribuyó parte del problema al crecimiento urbano sin infraestructura sanitaria en el lado boliviano. “Yacuiba tiene más de 120.000 habitantes, rutas nuevas, estadios, pero se olvidaron de las cloacas. Todos los desechos son arrojados de forma directa y se transformaron en un arroyo de aguas negras que atraviesa nuestras comunidades”, afirmó.

Por su parte, la diputada Gladys Paredes recordó que en 2021 ya se había realizado una reunión binacional para tratar el tema, sin resultados concretos. Exigió que se actúe con base en tratados internacionales y en el derecho constitucional a un ambiente sano.

El proyecto de declaración aprobado busca elevar el caso a la agenda nacional y lograr un acuerdo bilateral que permita remediar el problema. “Pedimos humanidad y dignidad para nuestra gente. Necesitamos soluciones, no solo discursos”, enfatizó Domínguez.