DS 5515 asegura continuidad institucional y evita cambios abruptos en la política estatal, afirma el Gobierno

El Decreto Supremo 5515 fue diseñado para garantizar la continuidad de las políticas públicas y evitar retrocesos o contradicciones en la gestión estatal, incluso cuando el presidente se encuentre fuera del país, explicó el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García.

La autoridad señaló que la norma permite que el presidente Rodrigo Paz ejerza plenamente sus funciones mediante herramientas tecnológicas, asegurando que las decisiones administrativas, decretos y lineamientos gubernamentales mantengan su vigencia sin generar incertidumbre en la población.

Según García, el objetivo central del decreto es brindar estabilidad institucional y seguridad jurídica a los ciudadanos, evitando escenarios de cambios bruscos en las políticas de Estado. En ese sentido, afirmó que la norma busca proteger a la población de posibles decisiones contradictorias o reversibles que podrían afectar áreas sensibles como la política energética, el combate al contrabando o la eliminación de subsidios.

El viceministro indicó que el rol del vicepresidente, en este caso Edmand Lara, no se ve afectado por la aplicación del decreto, ya que su función constitucional es coadyuvar en la ejecución de la política estatal y asumir el mando únicamente ante una imposibilidad real y absoluta del presidente.

Explicó además que el DS 5515 modifica disposiciones del Decreto Supremo 4857, que regula la organización del Órgano Ejecutivo, incorporando de forma expresa la posibilidad de ejercer el gobierno a través de medios digitales. Esto permite que el presidente pueda promulgar normas, dictar decretos supremos y supervisar la administración pública aun cuando se encuentre fuera del territorio nacional, sin que exista vacío de poder.

García subrayó que esta modalidad cuenta con respaldo legal en normas vigentes como la Ley 164 y la Ley 1080, que ya habilitan el uso de tecnologías digitales en la administración pública y judicial. En ese marco, el decreto amplía esa seguridad jurídica al ejercicio de la máxima autoridad del Estado.

Respecto a las críticas sobre una eventual sucesión temporal, el viceministro aclaró que la Constitución Política del Estado establece la sucesión únicamente cuando existe un impedimento efectivo del presidente, y precisó que un viaje oficial no constituye por sí mismo una causal de reemplazo.

“Mientras el presidente pueda gobernar a través de medios tecnológicos, no hay ausencia ni impedimento. El vicepresidente acompaña la gestión, pero no sustituye al titular”, remarcó.

Finalmente, García destacó que la norma coloca a Bolivia en sintonía con países que ya aplican esquemas de administración digital, entre ellos Estados Unidos, Francia, España y varias naciones de la región, consolidando un modelo de gobierno acorde a los avances tecnológicos y a las exigencias de estabilidad institucional.