EEUU retoma la cooperación antinarcóticos en Bolivia con una asistencia de $us 20 millones
La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de Estados Unidos anunció el retorno de sus actividades en Bolivia, marcando el restablecimiento de la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico tras casi dos décadas de ausencia.
A través de una publicación en la red social X, la entidad estadounidense confirmó que destinará 20 millones de dólares en asistencia para seguridad con el objetivo de fortalecer el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado.
“Bolivia expulsó a la INL durante el gobierno de Evo Morales. Hoy, bajo el liderazgo del presidente Rodrigo Paz, estamos de regreso: 20 millones de dólares en asistencia para seguridad para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Un mejor futuro para nuestros dos países comienza ahora”, señala el mensaje difundido por la oficina.
El anuncio se produce después de que, en junio, los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos firmaran un acuerdo para fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional.
Según informó la Cancillería boliviana en ese momento, el convenio permitirá canalizar hasta 20 millones de dólares en cooperación técnica, capacitación y equipamiento especializado para reforzar las capacidades de las instituciones nacionales encargadas de la seguridad pública, la investigación criminal y la lucha contra el crimen organizado.
La cooperación contempla apoyo para el fortalecimiento institucional de las entidades bolivianas responsables de enfrentar las organizaciones criminales y mejorar las acciones de prevención e investigación.
La relación bilateral en esta materia permanecía interrumpida desde noviembre de 2008, cuando el entonces presidente Evo Morales anunció la suspensión indefinida de las operaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Bolivia, tras acusarla de realizar actividades de espionaje. La decisión fue adoptada meses después de la expulsión del entonces embajador estadounidense Philip Goldberg.