Gobierno anuncia que se direccionará la inversión de la Gestora al sector privado
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, informó que la Gestora Pública iniciará un nuevo enfoque de inversión, orientando sus recursos hacia el sector privado para impulsar el crédito, dinamizar el mercado de valores y apoyar el crecimiento de las empresas bolivianas.
Gestora Pública redireccionará sus inversiones hacia el sector privado
Espinoza explicó que durante los últimos años la mayor parte del dinero administrado por la Gestora fue colocado en el Tesoro General del Estado (TGE), decisión que —según dijo— respondió a criterios políticos y contribuyó a sostener un gasto fiscal insostenible.
Con la nueva administración, el flujo mensual que recibe la entidad será dirigido a inversiones privadas, marcando un cambio significativo en la estrategia financiera del sistema de pensiones.
Nuevo modelo busca dinamizar el crédito y la Bolsa Boliviana de Valores
El ministro afirmó que redirigir estas inversiones permitirá aumentar la disponibilidad de crédito, canalizando recursos hacia empresas que necesiten expandir sus operaciones y generar empleo. Además, la medida impulsará la Bolsa Boliviana de Valores, fortaleciendo la oferta de instrumentos financieros y fomentando la participación del sector productivo.
Espinoza remarcó que esta visión difiere del modelo anterior, en el cual el Tesoro fue el principal receptor de los fondos de la Gestora durante cinco años.
Gobierno detecta malos manejos en la administración anterior
El ministro también anunció que se están identificando malos manejos y operaciones irregulares dentro de la Gestora, cuyos resultados serán presentados al Ministerio Público. Entre las irregularidades detectadas figuran compras por encima del valor de mercado y transacciones financieras cuestionables.
Espinoza critica resultados de la nacionalización de las AFP
El titular de Economía cuestionó la nacionalización de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) impulsada por el MAS y la creación de la Gestora Pública, señalando que la administración estatal no generó beneficios y dejó costos legales millonarios.
Recordó que el Estado debe afrontar litigios con las antiguas AFP, incluyendo el riesgo de perder un juicio por 171 millones de dólares, además de gastos legales anuales superiores a medio millón de dólares.
FUENTE: EJU