Informe del WJP sobre corrupción en Bolivia es “una condena internacional”, según expertos

El informe más reciente del World Justice Project (WJP) posiciona a Bolivia como el país más corrupto de América Latina y el segundo en el mundo, lo que ha sido calificado por analistas como una “condena internacional” que evidencia la crisis estructural del sistema judicial y político del país.

Degradación institucional y captura de la justicia

El abogado y diplomático Jaime Aparicio aseguró que este informe no solo refleja una mala imagen internacional, sino que constituye un diagnóstico alarmante sobre el colapso institucional de Bolivia.

“La justicia boliviana se ha convertido en el epicentro de la corrupción estatal. Está subordinada al poder político y contaminada por redes de crimen organizado”, afirmó.

Aparicio alertó que la inseguridad jurídica disuade inversiones, frena el desarrollo económico y genera un clima de desconfianza que ahonda la crisis estructural del país.

Carlos Mesa: “Esto revela la degradación del MAS”

El expresidente Carlos Mesa atribuyó esta alarmante posición a los casi 20 años de gobierno del MAS, acusando una “desinstitucionalización extrema” del Estado.

“La impunidad para afines al MAS y la persecución a los opositores forjaron un Estado sin valores, sin transparencia y sin justicia”, escribió en redes.

Cívicos y oposición acusan al Gobierno de encubrir una “mafia organizada”

Desde Santa Cruz, el presidente del Comité Cívico, Stello Cochamanidis, consideró que el país es gobernado por una “mafia organizada” que ha normalizado la corrupción como sistema de poder.

“Podríamos ser líderes en biotecnología o producción agrícola, pero somos primeros en corrupción”, lamentó.

Gobierno rechaza informe del WJP y defiende sus avances

La ministra de Justicia, Jessica Saravia, descalificó el informe del WJP calificándolo de “unilateral” y afirmó que Bolivia ha logrado más de 50 sentencias contra la corrupción en el primer semestre de 2025.

“El informe no refleja nuestra realidad ni los esfuerzos institucionales que hacemos”, declaró.

FUENTE: EL DEBER