Medinaceli afirma que estaciones en Perú se abastecían con diésel subvencionado de Bolivia

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, afirmó que antes de la eliminación del subsidio a los combustibles, parte del diésel subvencionado en Bolivia terminaba siendo comercializado directamente en estaciones de servicio del Perú, lo que evidenciaría un contrabando de gran escala.

La autoridad explicó que, tras la aplicación del Decreto Supremo 5503, se registró una caída significativa en el consumo de diésel en el país, cercana al 50%, y señaló que en los próximos meses este nivel podría estabilizarse entre el 30% y 40%.

Medinaceli relató que semanas antes de la medida era común observar camiones y buses antiguos estacionados en zonas estratégicas, cuya única finalidad era cargar combustible para trasladarlo de manera ilegal a países vecinos. “En algunos casos, las cisternas bolivianas abastecían directamente a estaciones de servicio en Perú”, aseguró.

Según el ministro, esta situación explica por qué, tras la eliminación de la subvención, comenzaron a circular denuncias y videos sobre supuestos problemas de abastecimiento en ciudades peruanas. Indicó que el negocio del contrabando de diésel representaba entre dos y tres millones de dólares diarios, una cifra que, a su juicio, permitió que estas prácticas se mantuvieran de forma institucionalizada.

“Estamos hablando de montos capaces de corromper cualquier sistema de control. Se proponían más policías, más militares o incluso pintar el combustible, pero la solución real era quitar el incentivo económico”, sostuvo.

No obstante, verificaciones posteriores señalaron que algunas imágenes difundidas en redes sociales sobre escasez de combustible en Perú no estaban relacionadas directamente con la eliminación del subsidio boliviano, sino con problemas financieros y logísticos internos de la empresa estatal Petroperú.

Desde el Gobierno boliviano insistieron en que el levantamiento del subsidio busca eliminar el contrabando, sanear las finanzas públicas y garantizar que el combustible se destine al consumo interno y a la actividad productiva legal.