Reforma estatal apunta a ahorrar $us 1.000 millones al año

La reestructuración del Órgano Ejecutivo impulsada por el presidente Rodrigo Paz Pereira busca un ahorro anual de al menos $us 1.000 millones, mediante la reducción de ministerios, viceministerios y direcciones, en un plan orientado a modernizar y transparentar la gestión pública.

Austeridad y lucha contra la burocracia marcada por la corrupción

El viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares, explicó que la meta es reducir tres puntos del déficit fiscal, equivalente a unos 1.000 millones de dólares por año. Señaló que la reforma desmonta una estructura estatal que, según el Gobierno, fue diseñada para sostener prácticas de corrupción en gestiones anteriores.

Reducción del gabinete ministerial y direcciones

El Decreto Supremo 5488 reduce la cantidad de ministerios de 17 a 15, y a 14 con la eliminación del Ministerio de Justicia. También disminuyen los viceministerios de 58 a 54 y se suprimen 15 direcciones nacionales.
Linares indicó que solo en el Ministerio de la Presidencia se recortará alrededor del 30% del personal, incluso pese a que esta cartera absorbió funciones de dos ministerios fusionados.

El Gobierno prepara una nueva Ley de Organización del Poder Ejecutivo

Como siguiente etapa, el Ejecutivo prevé reemplazar el decreto por una Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), que será enviada a la Asamblea Legislativa con el objetivo de consolidar una estructura moderna, eficiente y transparente.
Linares recordó que desde 2007 los ajustes institucionales se realizaron vía decretos con “intereses caudillistas” que dañaron la institucionalidad estatal.

Debate por el impacto real del ahorro y los despidos

El cierre del Ministerio de Justicia generó críticas por el despido de unos 350 funcionarios, según el exviceministro Jorge Silva.
Aunque el Gobierno asegura que el redimensionamiento generará un ahorro significativo, algunos analistas dudan de que la reducción de solo tres ministerios y cuatro viceministerios sea suficiente para disminuir de forma sustancial el gasto público.

FUENTE: LA RAZÓN