Tarija, segundo departamento con mayor índice de violencia: autoridades ausentes ante una crisis creciente

Tarija se ubica como el segundo departamento con mayor índice de violencia en Bolivia, solo por detrás de Santa Cruz. Según datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y del Servicio Departamental de Salud (SEDES), en el primer trimestre de 2025 se registraron cientos de casos vinculados a distintos tipos de agresiones.

El director de la FELCV, Luis Céspedes, informó a PlusTLT que entre enero y marzo se atendieron 669 casos, de los cuales 526 corresponden a violencia familiar. También se reportaron 33 denuncias por abuso sexual y 27 por violación a niñas, niños o adolescentes. “La mayoría de las agresiones ocurren cuando el varón se encuentra en estado de ebriedad”, señaló.

Por su parte, el responsable del Programa de Violencia del SEDES, Ricardo Jerez, indicó que esa entidad atendió 469 casos, incluyendo violencia física, sexual, acoso y peleas. La violencia intrafamiliar continúa siendo la más frecuente.

Cercado, Bermejo y Yacuiba figuran entre las ciudades con mayor número de casos.

Frente a este panorama alarmante, surgen duras críticas hacia las autoridades locales. Vecinos y dirigentes barriales denuncian la inacción tanto de las alcaldías como de la Gobernación. "Las autoridades solo se pronuncian con discursos vacíos, porque esto no les genera votos", afirmó una madre de familia. "Estamos perdiendo un bien público fundamental: la seguridad de nuestras mujeres", agregó.

Además, se cuestiona la falta de control sobre los espacios donde se promueve el consumo de alcohol y se ocultan casos de abuso. "Lamentablemente, la Alcaldía no fiscaliza los locales donde se multiplican los antros", denunciaron dirigentes vecinales. Sobre la Gobernación, la crítica apunta a la inoperancia del área de Desarrollo Humano, a pesar de su constante exposición mediática junto a la primera dama del departamento.

“¿Qué está pasando en Tarija? Esto es terrible”, dijo otra madre, al referirse a una situación que calificó como “insostenible y brutal”.

Las autoridades aseguran que se deben reforzar las campañas de capacitación y sensibilización, además del cumplimiento estricto de la Ley 348, que protege a las mujeres contra toda forma de violencia. Sin embargo, desde la ciudadanía, la percepción es que estas medidas son insuficientes ante la gravedad de la crisis.