Bolivia sigue bloqueada pese a la abrogación de la Ley 1720 y reportan dos muertes en medio del conflicto

Bolivia cerró este miércoles una nueva jornada marcada por conflictos sociales, bloqueos carreteros y tensión política, pese a que el presidente Rodrigo Paz promulgó la abrogación de la Ley 1720, una de las principales demandas de los sectores movilizados.

La norma cuestionada permitía la conversión voluntaria de pequeñas propiedades agrarias en medianas propiedades, aspecto rechazado por organizaciones campesinas e indígenas que protagonizan las protestas en diferentes regiones del país.

Tras concluir el trámite legislativo, el mandatario aseguró que el siguiente paso será construir una nueva legislación agraria mediante consensos y participación de distintos sectores sociales y productivos.

Desde la Asamblea Legislativa se estableció un plazo de 60 días para elaborar un nuevo marco normativo, proceso en el que participarán las comisiones agrarias departamentales para debatir y socializar propuestas relacionadas con la propiedad agraria y las Tierras Comunitarias de Origen (TCO).

Sin embargo, la abrogación de la ley no logró frenar las movilizaciones ni desbloquear las carreteras.

Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), hasta las 22:00 de este miércoles permanecían activos 21 puntos de bloqueo, principalmente en el departamento de La Paz.

La Central Obrera Boliviana (COB) ratificó la continuidad de las medidas de presión y responsabilizó al Gobierno por la crisis social.

El ejecutivo de la COB, Mario Argollo, afirmó que el conflicto es consecuencia de errores políticos y de la falta de reconciliación con las organizaciones sociales.

“Ha tenido seis meses para solucionar los problemas del país y en vez de que se reconcilie y trabaje con las organizaciones sociales, se ha peleado”, sostuvo el dirigente.

Argollo también cuestionó los anuncios policiales de intervenir las carreteras y llamó a los sectores movilizados a mantener la unidad y continuar con los bloqueos.

La jornada estuvo además marcada por dos fallecimientos atribuidos a las dificultades de transitabilidad generadas por los bloqueos.

El Gobierno denunció la muerte de Anna Enns, una ciudadana de Belice de 56 años, en la localidad fronteriza de Desaguadero. Según el reporte oficial, la mujer no pudo recibir atención médica oportuna debido al cierre de vías y la presencia de grupos movilizados.

“La vida de esta persona pudo haber sido salvada; sin embargo, el cierre de vías y la presencia de grupos agresivos impidieron el auxilio médico oportuno”, señala el comunicado gubernamental.

Horas antes también se reportó la muerte de una mujer que era trasladada en ambulancia desde Guanay hasta la ciudad de La Paz.

El médico José Luis Macuchapi explicó que el vehículo tuvo que utilizar rutas alternas debido a los bloqueos y que durante el trayecto la paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio.

“Evidentemente podía salvarse si no demoraba”, lamentó el profesional.

En medio de la creciente tensión, el comandante de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, anunció la intervención de los puntos de bloqueo y confirmó coordinación con las Fuerzas Armadas para restablecer el tránsito en las carreteras.

Mientras tanto, el ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales de Bolivia, César González, propuso la creación de una nueva organización denominada “Central General de Trabajadores por Cuenta Propia”, como alternativa a la COB, acusando a la entidad de impulsar acciones de desestabilización política.

Asimismo, dirigentes del transporte pesado y sectores gremiales anunciaron que presentarán denuncias penales contra Mario Argollo y Vicente Salazar, dirigente de la organización Túpac Katari, por presunta instigación y afectación a la libre transitabilidad.

El conflicto mantiene en alerta al país debido a sus efectos sobre el abastecimiento de alimentos, medicamentos, combustibles y oxígeno medicinal, además del impacto económico generado por los bloqueos.