“Estudiantes anuncian bloqueo indefinido en la Ruta 9 del Chaco y generan rechazo por perjuicios a viajeros y economía regional”

La crisis en la Universidad Indígena Boliviana Guaraní y de Pueblos de Tierras Bajas (UNIBOL) llegó a un punto de quiebre. En consenso, el estudiantado anunció que iniciará un bloqueo indefinido desde este jueves a las 00:00 horas en la carretera internacional Ruta 9, tramo Boyuibe – Macharetí, como medida de presión para exigir la destitución de la rectora Leny Cachariana Guasanía.

En una carta enviada al comandante de la Policía Provincial, coronel José María Coronel Veizaga, los universitarios denunciaron una situación “angustiosa”, señalando que la autoridad académica estaría llevando a la institución a un “colapso”. La suspensión del servicio de alimentación universitaria habría sido la chispa que encendió la protesta, afectando directamente a jóvenes provenientes de comunidades alejadas que dependen de este sustento para continuar sus estudios.

“No buscamos enfrentarnos con la Policía ni generar violencia; solo pedimos lo que por derecho nos corresponde: una educación digna y una alimentación adecuada”, señala el comunicado estudiantil, firmado por representantes y remitido a las instancias policiales de Macharetí, Boyuibe y Camiri.

Reacciones y perjuicios

Desde el sector turismo y transporte del Chaco, expresaron su rechazo a la medida, advirtiendo que los bloqueos en la Ruta 9 ya se han vuelto frecuentes y generan graves perjuicios económicos y sociales. Los cortes de ruta afectan no solo a los viajeros nacionales e internacionales, sino también al movimiento comercial, turístico y productivo de la región.

“Bolivia necesita trabajo y no más bloqueos. Los universitarios deben buscar otras medidas de presión, no pueden seguir perjudicando tanto a la población”, señalaron representantes del sector turístico, quienes consideran que este tipo de protestas dañan la imagen del país y frenan el desarrollo local.

Contexto del conflicto

La UNIBOL, creada para fortalecer la educación superior de jóvenes guaraníes y de pueblos de tierras bajas, atraviesa una crisis institucional marcada por cuestionamientos a la gestión de la rectora Cachariana Guasanía. Los estudiantes aseguran que su protesta no responde a intereses políticos, sino al “clamor legítimo de jóvenes que exigen respeto a sus derechos y condiciones básicas para estudiar”.

La situación plantea un desafío a la Policía, que deberá actuar con equilibrio entre garantizar el derecho a la protesta y evitar que la medida de presión paralice nuevamente una de las rutas internacionales más importantes del país.