Farmacéuticas: nuevo plan de salud puede desplazar la producción nacional

El Gobierno estudia fortalecer a la CEASS como comprador estratégico y abrir más espacio a las adquisiciones internacionales. La industria nacional reclama reglas que protejan la producción boliviana.

La industria farmacéutica nacional reclama un lugar en la discusión del nuevo modelo de abastecimiento de medicamentos que el Gobierno proyecta para los próximos cinco años.

La Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol) expresó su preocupación por que, según señala, el sector no fue incorporado en la construcción y socialización del Plan Sectorial de Desarrollo Integral de Salud 2026-2030, pese a que sus empresas son proveedoras recurrentes del sistema público y tienen capacidad instalada para fabricar una parte importante de los medicamentos que demanda el país.

La observación adquiere relevancia porque el Ministerio de Salud trabaja en una nueva hoja de ruta para el sector sanitario, con una visión que pretende no limitarse al quinquenio 2026-2030, sino sentar las bases de una reforma de mayor alcance y de una futura Ley General de Salud.

El proceso oficial comenzó en marzo con un taller nacional de consulta. El ministerio informó que participaron autoridades nacionales y departamentales, equipos técnicos, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil. Se organizaron ocho mesas de trabajo, entre ellas una dedicada a infraestructura, equipamiento y suministros, además de otra sobre sostenibilidad fiscal y financiera.

Sin embargo, Cifabol sostiene que la industria farmacéutica nacional no fue incorporada de manera efectiva a este proceso.

El punto de mayor preocupación: quién comprará los medicamentos

La controversia se concentra en uno de los componentes más sensibles del sistema sanitario: el abastecimiento de medicamentos.

Un documento del Plan Sectorial que circula públicamente plantea fortalecer a la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (CEASS) como “comprador único estratégico” de medicamentos esenciales, dispositivos médicos y otros insumos.

El mismo documento plantea avanzar hacia mecanismos de compras internacionales para obtener mejores precios y reducir la intermediación. También propone una compra estratégica centralizada para determinados medicamentos de alta rotación.

Estas propuestas buscan resolver uno de los problemas históricos del sistema público: compras fragmentadas, dificultades de planificación, medicamentos que llegan tarde o vencen en almacenes y falta de economías de escala.

El diagnóstico que acompaña el documento señala precisamente problemas en la cadena de suministros y cuestiona la planificación de necesidades y la capacidad de compra de la CEASS.

Pero para la industria nacional existe otro riesgo: que una mayor capacidad del Estado para importar directamente termine desplazando a fabricantes bolivianos incluso cuando estos tengan capacidad para producir los medicamentos requeridos.

Por ello, Cifabol pide que cualquier modificación del modelo de compras contemple mecanismos explícitos para la participación de la producción nacional.

La discusión no es solamente empresarial

El reclamo de las farmacéuticas tiene además un componente jurídico. La Constitución Política del Estado establece, en su artículo 41, que el Estado debe garantizar el acceso de la población a los medicamentos y que debe priorizar los medicamentos genéricos mediante el fomento de su producción interna y, cuando corresponda, determinar su importación.

La Ley 1737, de Política Nacional del Medicamento, es todavía más específica. Entre sus objetivos establece que la industria farmacéutica nacional debe ser considerada una actividad prioritaria y que el Estado debe estimular su desarrollo.

La misma norma dispone que el Estado debe procurar el abastecimiento regular y permanente de medicamentos esenciales y establece una política prioritaria para favorecer la adquisición y suministro de medicamentos nacionales, genéricos y esenciales, con calidad garantizada y precios bajos.

Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios también establecen criterios de preferencia para la producción nacional. En el caso de medicamentos, remiten expresamente a la Ley 1737 y establecen que las contrataciones deben considerar la priorización de los productos farmacéuticos de origen nacional.

Por eso, el debate que plantea Cifabol no se reduce a defender un mercado para los laboratorios bolivianos. La discusión de fondo es cómo combinar el acceso oportuno y barato a los medicamentos con el desarrollo de una capacidad productiva nacional.

Una industria que llega debilitada al debate

El pedido de Cifabol se produce, además, cuando el sector atraviesa una coyuntura complicada. En septiembre de 2025, la cámara ya había advertido sobre el riesgo de desabastecimiento de medicamentos en 2026 debido a que los precios de referencia utilizados para las compras públicas no reflejaban los mayores costos que enfrentaba la industria. La entidad señaló entonces que algunas empresas podían dejar de participar en licitaciones si los precios establecidos no cubrían sus costos.

En mayo, Cifabol alertó que los bloqueos de carreteras estaban interrumpiendo el ingreso de materias primas y dificultando la distribución de medicamentos e insumos. La entidad señaló que la mayor concentración industrial del sector se encuentra en El Alto, donde operan alrededor de una decena de plantas farmacéuticas.

La conflictividad incluso generó reportes de pérdidas superiores a Bs 40 millones para el sector, de acuerdo con información difundida por la cámara.

En junio llegó otro problema: Cifabol denunció la inactividad de la plataforma informática de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) desde el 2 de junio. Según la cámara, la interrupción afectaba trámites relacionados con registros sanitarios y despachos aduaneros, por lo que calificó la situación de la industria como de “terapia intensiva”.

A esto se suma el problema cambiario. En julio, ante la implementación del nuevo régimen de tipo de cambio flexible, Cifabol reclamó condiciones que permitan a las empresas acceder de manera formal y previsible a dólares para pagar principios activos, insumos, materiales, equipos y servicios logísticos provenientes del exterior.

El costo de fabricar en Bolivia

La industria farmacéutica boliviana depende en buena medida de insumos importados. Principios activos, excipientes, materiales de empaque, reactivos, equipos y otros componentes deben ser adquiridos en mercados externos.

Por ello, una restricción de divisas no solamente encarece el producto final: también puede alterar la programación de producción y generar retrasos en la entrega de medicamentos.

A este problema se suman los costos logísticos, las dificultades regulatorias y los retrasos en los pagos de las entidades públicas.

En julio, Cifabol también pidió que las instituciones estatales acorten y cumplan los plazos de pago por la adquisición de medicamentos, precisamente para evitar que los proveedores tengan que financiar durante largos periodos las compras del Estado.

La combinación de estos factores puede generar una paradoja: mientras el Gobierno busca conseguir medicamentos a menor precio mediante compras centralizadas e importaciones directas, los fabricantes nacionales sostienen que necesitan condiciones mínimas para continuar produciendo localmente.

La CEASS ocupa un lugar central en la propuesta.

El objetivo de convertirla en comprador estratégico es aprovechar el volumen de demanda del sistema público para negociar mejores precios y evitar que cada institución compre por separado.

La idea no es nueva. En 2019, durante la implementación del Sistema Único de Salud, el Gobierno ya autorizó a la CEASS realizar contrataciones directas de medicamentos, insumos y reactivos. En aquel momento, representantes de importadores y de la industria farmacéutica también reclamaron participación en la definición de las reglas de compra.

La diferencia ahora es la escala que se plantea: consolidar a la CEASS como un comprador estratégico del sistema, con capacidad para concentrar buena parte de las adquisiciones.

Para los fabricantes nacionales, en cambio, el temor es que la compra centralizada se convierta en una puerta para que el Estado importe directamente, dejando a las empresas bolivianas en una posición secundaria.

El antecedente que muestra la tensión

El conflicto entre compras públicas, importaciones y producción nacional tampoco es nuevo. En 2019, cuando se habilitaron compras directas para la implementación del SUS, representantes de la industria farmacéutica ya reclamaban ser incluidos en el diseño de las reglas de adquisición.

La discusión se repite ahora, siete años después, pero en un contexto económico mucho más complejo para los fabricantes.

La diferencia es que hoy el sector enfrenta simultáneamente dificultades para conseguir dólares, problemas logísticos, bloqueos, costos crecientes y trabas regulatorias.

El Gobierno también reconoce la importancia del sector

En marzo, el Ministerio de Salud creó y posesionó el Comité Interinstitucional de Vigilancia y Control de Medicamentos (COI), una instancia asesora destinada a coordinar acciones para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos y combatir la falsificación, adulteración y contrabando.

En ese comité sí está incluida Cifabol, junto con representantes de importadores y distribuidores, colegios profesionales, universidades, organismos públicos y organismos internacionales. Esto muestra que la industria no está completamente fuera de los espacios institucionales relacionados con medicamentos.

El reclamo actual es diferente: Cifabol pide participar específicamente en las decisiones que definirán cómo el Estado comprará y abastecerá medicamentos durante los próximos años.

Una decisión que tendrá efectos más allá de las farmacéuticas

El debate plantea una pregunta que trasciende los intereses empresariales: ¿debe Bolivia buscar el medicamento más barato disponible en el mercado internacional o utilizar también su poder de compra para desarrollar una industria farmacéutica nacional?

La respuesta tendrá consecuencias sobre los precios y el abastecimiento, pero también sobre empleo, inversión, capacidad tecnológica y seguridad sanitaria.

Una política basada exclusivamente en importaciones podría permitir obtener determinados productos a precios competitivos en el corto plazo, pero también aumentar la exposición del sistema a interrupciones internacionales, problemas logísticos o restricciones cambiarias.

Por el contrario, una política que priorice la producción nacional sin considerar costos, calidad, capacidad instalada y disponibilidad podría terminar encareciendo el abastecimiento o generando faltantes.

El desafío, por tanto, está en encontrar un mecanismo que permita utilizar la producción nacional cuando exista capacidad suficiente y competitiva, sin cerrar la puerta a las importaciones cuando sean necesarias.

Ese es el espacio de negociación que Cifabol reclama antes de que el nuevo modelo de compras quede definido.

La cámara sostiene que garantizar medicamentos para la población y fortalecer la capacidad del país para producirlos no son objetivos contradictorios, sino dos componentes de una misma política de seguridad sanitaria.

El Ministerio de Salud, mientras tanto, continúa con el proceso de construcción del Plan Sectorial 2026-2030, que pretende convertirse en la hoja de ruta de la política sanitaria del país durante el próximo quinquenio y servir de base para una reforma de mayor alcance.