Sector forestal boliviano
Incineración de madera en Chile causa pérdidas de hasta $us 15 millones
La incineración de madera boliviana retenida en Arica, Chile, por el caso de las supuestas ‘narcomaderas’ generó nuevas críticas del sector forestal y pérdidas estimadas de entre $us 10 y 15 millones para las empresas involucradas, según Pedro Colanzi, representante del sector forestal.
Colanzi afirmó este miércoles que el impacto no se limita al valor de los cargamentos, sino que también afecta a las empresas, sus trabajadores y la imagen internacional de las exportaciones forestales bolivianas. «Se está quemando el esfuerzo de miles y miles de trabajadores bolivianos», sostuvo, y añadió que el daño a la reputación del sector «no se puede medir».
La destrucción comenzó el 3 de septiembre, con la incineración de un contenedor, y continuó el 11 de septiembre, cuando otros cinco fueron sometidos al mismo procedimiento. En total, seis contenedores fueron destruidos durante esas dos jornadas, según reportes desde Chile. La Fiscalía Regional de Arica solicitó el 21 de septiembre suspender nuevos procesos de destrucción mientras se atendían diligencias relacionadas con las cargas.
Sin embargo, una comisión investigadora del Senado boliviano que se encuentra en Chile denunció este miércoles que observó nuevamente movimiento de madera hacia la zona de incineración. Colanzi cuestionó que la destrucción continuara mientras los parlamentarios realizaban su investigación. «Estaba la comisión del Senado que investiga el tema de las maderas y se procedió a quemar», afirmó.
La controversia también se concentra en los análisis realizados a la madera. Colanzi sostuvo que, después de más de cuatro meses de investigación, todavía no se estableció cómo las sustancias detectadas habrían sido introducidas en las piezas ni cómo podrían ser extraídas. Aseguró que las pruebas identificaron trazas de distintas sustancias, pero que «no muestran impregnación». La Fiscalía chilena mantiene una posición diferente y sostiene que los análisis confirmaron la presencia de sustancias ilícitas en las cargas.
Las empresas investigadas contrataron a Scott Richard Oulton y James Craig Kuykendall, especialistas en química forense y exfuncionarios de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), para revisar los antecedentes científicos. Sus informes cuestionan que los resultados demuestren una impregnación deliberada de droga en madera dura, aunque se trata de peritajes contratados por las empresas y sus conclusiones forman parte de la controversia.
La Cámara Forestal de Bolivia pidió preservar las cargas para permitir nuevas pericias y establecer la naturaleza, concentración y origen de las sustancias detectadas. El sector también planteó que Bolivia y Chile definan procedimientos específicos para inspecciones, toma de muestras y cadena de custodia en productos forestales. Colanzi advirtió que el caso puede afectar a las 23 empresas vinculadas a la investigación y convertirse en un «precedente funesto» para otros exportadores que utilizan los puertos de Arica.
Según una estimación presentada por Colanzi, el sector habría dejado de generar alrededor de $us 35 millones por la crisis, aunque esa cifra debe ser contrastada con información sectorial antes de considerarse consolidada. El dirigente pidió al Gobierno boliviano asumir acciones ante las autoridades chilenas y proteger a las empresas exportadoras. Mientras la Fiscalía chilena mantiene abierta la investigación, la comisión del Senado deberá recabar información sobre las incautaciones, los análisis y los procedimientos aplicados antes de emitir sus conclusiones.