Nueva Ley de Inversiones busca atraer capital, generar empleo y fortalecer la industrialización

El Gobierno nacional prevé remitir este martes a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de una nueva Ley de Inversiones, una norma que busca actualizar las condiciones para atraer capital nacional y extranjero, generar empleo formal, incorporar tecnología y fortalecer la industrialización de Bolivia.

El viceministro de Políticas de Industrialización, Gustavo Jáuregui, explicó que la propuesta forma parte del paquete de leyes estructurales que el Ejecutivo prevé presentar al Legislativo y responde a la necesidad de actualizar una normativa que, según la autoridad, tiene más de una década de vigencia.

Reglas claras para atraer inversiones

Uno de los principales objetivos del proyecto es establecer condiciones claras y previsibles para quienes decidan invertir en Bolivia. La propuesta contempla mecanismos destinados a brindar mayor seguridad jurídica, facilitar la puesta en marcha de proyectos y establecer procedimientos para resolver eventuales controversias entre inversionistas y el Estado.

Jáuregui sostuvo que la competencia internacional por capital, tecnología y mercados hace necesario que Bolivia actualice sus reglas de inversión para generar condiciones que permitan atraer nuevos proyectos.

También busca recuperar capital nacional

La propuesta no está dirigida únicamente a los inversionistas extranjeros. El Gobierno también plantea generar condiciones para recuperar inversiones de empresarios bolivianos que trasladaron sus recursos hacia países vecinos.

El objetivo es que tanto los capitales nacionales como los extranjeros encuentren condiciones adecuadas para desarrollar proyectos productivos de largo plazo en el país.

Empleo, tecnología y productividad

De acuerdo con Jáuregui, la finalidad de la nueva normativa va más allá de captar recursos. El Gobierno busca que las inversiones se traduzcan en empleo formal, incorporación de tecnología, conocimientos y mayor productividad industrial.

En ese marco, se considera necesario atraer capital privado para instalar nuevas plantas industriales, modernizar las existentes e incorporar tecnologías que permitan mejorar la productividad de las empresas.

La autoridad también señaló que una mayor inversión puede contribuir a integrar a los diferentes actores de las cadenas productivas, desde la producción primaria y los emprendimientos hasta los procesos de transformación, abastecimiento y comercialización en los mercados nacionales e internacionales.

Menos trámites y costos

Otro de los componentes de la propuesta apunta a facilitar la ejecución de los proyectos mediante la reducción de trámites, tiempos y costos.

Jáuregui señaló que el Estado debe reducir la burocracia que puede convertirse en una barrera para la puesta en marcha de nuevas inversiones y proyectos productivos.

Incentivos vinculados a resultados

El proyecto también contempla incentivos vinculados al cumplimiento de resultados concretos. La intención, según explicó el viceministro, es que los beneficios estén relacionados con objetivos verificables y no impliquen simplemente la entrega de recursos públicos.

Entre los resultados que se busca promover están la generación de empleo, la incorporación de nuevas tecnologías y el incremento de las exportaciones, factores que también podrían contribuir a la generación de divisas para el país.

Mecanismos para resolver controversias

La propuesta considera además mecanismos para atender eventuales controversias entre inversionistas y el Estado. Según Jáuregui, estos procedimientos deben ser claros, previsibles y confiables para brindar seguridad a las partes.

Entre las alternativas mencionadas figura el arbitraje, bajo mecanismos que sean compatibles con la Constitución Política del Estado.

El proyecto pasa al Legislativo

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas estuvo a cargo de la elaboración de la propuesta y, según Jáuregui, el proyecto fue socializado con diferentes sectores de la sociedad.

La nueva Ley de Inversiones será remitida a la Asamblea Legislativa para su tratamiento y debate. Su aprobación dependerá del proceso legislativo correspondiente y de las modificaciones que puedan plantearse durante la discusión parlamentaria.