Preocupación en la frontera por nuevas políticas migratorias del gobierno de Milei

La reciente decisión del gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, de exigir un seguro médico obligatorio a todos los extranjeros que ingresen al país ha generado preocupación en Bolivia, particularmente en el sur, donde el vínculo migratorio con el vecino país es muy fuerte. La medida afectaría tanto a quienes viajan por motivos laborales, turísticos o de estudio, como a quienes acceden con frecuencia a servicios de salud en territorio argentino.

Desde la Brigada Parlamentaria de Tarija se ha solicitado al Gobierno boliviano una respuesta clara y acciones diplomáticas que garanticen condiciones de reciprocidad en materia de atención médica. La disposición, anunciada a través de un comunicado de la Casa Rosada, será implementada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), permitiendo al Ejecutivo argentino aplicar cambios sin necesidad de pasar por el Congreso.

Aunque el contenido exacto del decreto aún no ha sido divulgado, las autoridades argentinas adelantaron que los inmigrantes deberán contar con un seguro médico privado como requisito obligatorio para el ingreso. Esta medida impactaría directamente a miles de ciudadanos bolivianos que viajan de manera regular a Argentina, especialmente desde departamentos fronterizos como Tarija, donde muchas personas acceden a tratamientos médicos debido a los costos más bajos en ese país.

Además, la normativa contempla la expulsión inmediata de quienes sean sorprendidos ingresando por pasos no habilitados y de aquellos que proporcionen información falsa al momento de su ingreso. También se endurecen los requisitos para obtener la ciudadanía argentina, limitándola a quienes hayan residido legalmente durante al menos dos años consecutivos.

La noticia ha generado inquietud entre las familias bolivianas que mantienen lazos sociales, económicos y laborales con Argentina. Hasta el momento, el Gobierno boliviano no se ha pronunciado oficialmente al respecto.

El diario El País intentó obtener declaraciones de autoridades nacionales y parlamentarios oficialistas como el senador Miguel Rejas y el diputado Delfor Burgos, pero no fue posible. Burgos indicó que se encontraba en La Paz atendiendo otros asuntos.

Desde la oposición, la diputada tarijeña Esther Sánchez, de Comunidad Ciudadana, expresó su preocupación por la falta de respuesta del Gobierno ante una decisión que considera perjudicial para miles de bolivianos. Aunque reconoció que se trata de una medida soberana del Estado argentino, pidió que se activen canales diplomáticos para buscar acuerdos de reciprocidad que protejan a los ciudadanos bolivianos que dependen de servicios en el país vecino.