Propiedad privada en Argentina: hasta dónde avanzó Milei

El Senado argentino aprobó este viernes un proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei que busca reforzar la denominada “inviolabilidad” de la propiedad privada. La iniciativa obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra y ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados.

Sin embargo, el proyecto llegó a la votación con dos de sus aspectos más controvertidos fuera del texto: la flexibilización de las reglas para la compra de tierras por extranjeros y los cambios a las restricciones aplicables a terrenos afectados por incendios.

¿Qué propone el proyecto sobre la propiedad privada?

La iniciativa plantea agilizar los desalojos en casos de usurpación u ocupación ilegal y establecer mayores límites a la capacidad del Estado para expropiar bienes.

Para los sectores que respaldan la propuesta, estas modificaciones permitirían fortalecer la seguridad jurídica y generar mejores condiciones para las inversiones. Sus críticos, en cambio, consideran que podrían debilitar herramientas destinadas a proteger intereses sociales, ambientales y territoriales.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez recordó que el derecho a la propiedad privada está reconocido en el artículo 17 de la Constitución argentina desde 1853. Desde el oficialismo, el senador Agustín Coto, de La Libertad Avanza, defendió la necesidad de reforzar esa protección y sostuvo que el Estado debe intervenir para tutelar ese derecho.

El Gobierno vincula propiedad e inversiones

El Ejecutivo argentino sostiene que una mayor protección de la propiedad privada puede contribuir a atraer inversiones. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, atribuyó parte de las dificultades para aprovechar los recursos del país a la falta de certezas sobre los derechos de propiedad.

El debate se desarrolla en el marco de una de las principales banderas del programa político y económico de Milei, que plantea una reducción de las intervenciones estatales y un fortalecimiento de los derechos de propiedad.

Tierras en manos de extranjeros quedaron fuera

Uno de los puntos que generó mayor resistencia fue la flexibilización de las restricciones para la compra de tierras por extranjeros. Finalmente, este capítulo fue retirado del proyecto antes de la votación.

Gil Domínguez advirtió que eliminar los límites existentes podría permitir una concentración de tierras en manos extranjeras en zonas de frontera, áreas productivas o territorios considerados estratégicos, con posibles implicaciones sobre la soberanía territorial y el uso de recursos naturales.

Desde la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, su vicepresidente José María Bauzá defendió una reducción de las restricciones actuales. Planteó eliminar los límites máximos de hectáreas y los cupos para tierras en manos extranjeras o, al menos, ampliar el límite vigente del 15%.

Según esa postura, una mayor apertura podría favorecer nuevas inversiones, especialmente en zonas extensivas, además de impulsar empleo, incorporación de tecnología e infraestructura.

La Ley de Manejo del Fuego también quedó fuera

Otro capítulo que no llegó a la votación fue la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. El Gobierno argumentaba que las restricciones existentes podían generar una “catástrofe doble” para los productores, quienes además de sufrir los daños de un incendio enfrentan limitaciones durante décadas para cambiar el uso de las tierras afectadas.

El Consejo de Mayo, órgano consultivo creado por el Gobierno, había sostenido que esas restricciones podían perjudicar injustamente a los propietarios afectados por incendios.

Desde una posición contraria, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, defendió las restricciones como una herramienta preventiva. Según su argumento, buscan evitar incendios provocados con fines especulativos para transformar posteriormente bosques, humedales u otros ecosistemas en zonas agrícolas o inmobiliarias.

Una votación que deja abierto el debate

Tras la aprobación del proyecto recortado, desde el oficialismo se relativizó la eliminación de los dos capítulos. La senadora Patricia Bullrich, de La Libertad Avanza, sostuvo que el resultado forma parte del funcionamiento democrático.

Para Gil Domínguez, en cambio, la votación representa una derrota política para el Gobierno, debido a que los temas que consideraba sustanciales fueron retirados antes de ser tratados.

Viale coincidió con esa lectura y atribuyó el resultado a la movilización social y al rechazo generado por las reformas.

El debate, sin embargo, podría continuar. Bauzá considera que el Gobierno podría volver a impulsar los cambios sobre tierras e incendios, mientras que Gil Domínguez percibe un cambio en el clima social que podría dificultar un nuevo avance del Ejecutivo.

Por ahora, el proyecto aprobado por el Senado avanza hacia la Cámara de Diputados, mientras permanecen abiertas las preguntas sobre el alcance de la propiedad privada, la compra de tierras por extranjeros y los límites vinculados a la protección ambiental.