“Protección en duda: SLIM de Yacuiba bajo la lupa por fuerte denuncia de madre”

¿Protección real o burocracia? Debate en Yacuiba por eficacia del SLIM en casos de violencia

Una denuncia pública realizada por Mariela Pérez, madre y víctima de violencia doméstica, generó un intenso debate sobre la efectividad de las instituciones encargadas de la protección de menores en Yacuiba, poniendo en el centro de la discusión el trabajo del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM).

Pérez acusó a la entidad de no presentar a tiempo pruebas clave para evitar que su hijo adolescente, actualmente en tratamiento psiquiátrico, mantuviera un régimen de visitas con su agresor. “He ido al SLIM no sé cuántas veces, gastando en fotocopias y taxis, y al final no metieron ninguna prueba”, reclamó entre lágrimas. La madre relató que confió en el equipo legal del SLIM, pero al revisar el expediente en el juzgado encontró un vacío procesal. “Mi hijo casi se corta los bracitos… ¿cómo pueden decir que el padre tenía derecho a visitas?”, cuestionó.

Finalmente, Pérez contrató a una abogada particular gracias al apoyo económico de sus padres: “Gracias a Dios encontré una excelente abogada y hemos metido algunas pruebas a última hora. Si no lo hacía, el padre de mi hijo iba a quedar absuelto”, aseguró.

El SLIM responde: “No decidimos las visitas, eso lo define un juez”

Ante la polémica, la Dra. Vanesa López, directora de Defensa Social del Gobierno Municipal de Yacuiba, defendió el trabajo del SLIM:

“Nosotros no decidimos quién puede visitar o no a un menor, eso lo determina un juez. Además, enfrentamos una alta carga laboral, con tres o cuatro abogados atendiendo múltiples juicios a la vez, lo que puede generar demoras”, explicó.

Por su parte, la Lic. Ruth Ortega, responsable del SLIM Yacuiba, presentó documentación del caso:

“La denuncia ingresó el 31 de enero de 2024. Se entregaron informes psicológico y social en febrero, y se hizo seguimiento en marzo. La abogada estuvo en el juicio hasta las diez de la noche, junto a la psicóloga que testificó”. Ortega aclaró que la suspensión de visitas fue dictada por un juez y que el padre solo podría ver al menor si demostraba estar bajo tratamiento psicológico, “cosa que no ha hecho”.

También se refirió a la crítica por el trato institucional:

“Siempre recordamos a nuestro personal que atienda con calidez. Si alguna víctima siente lo contrario, puede acudir directamente a mi oficina o contactarme al 6767-5812. Queremos mejorar”.

Debate abierto sobre la protección a víctimas

El caso de Mariela Pérez abrió un debate sobre las deficiencias estructurales en la atención a víctimas de violencia, donde se cruzan la sobrecarga institucional, la burocracia y la urgencia de respuestas rápidas y empáticas. Organizaciones locales advierten que este episodio refleja un problema más amplio: la distancia entre la promesa de protección y la realidad que enfrentan las víctimas. 

Con informacion de /AGS/TARDESENLINEA/RECH